El Ministerio Público acusó a Alejandro Ramírez Saavedra, propietario de la televisora Color TV y la emisora Mara Hit, y a Benecio Campos, por presuntamente guardar relación con material médico decomisado el 26 de marzo de este año en un galpón, ubicado en Turmero, estado Aragua.
De acuerdo con la investigación emprendida por el Ministerio Público, los equipos médicos quirúrgicos, pertenecen a la Gobernación del referido estado, y están valorados en 20 millones de BsF, aproximadamente.
En el escrito, la fiscal 25° nacional y el 5° de Aragua, Romina Pulido y Fernando Medina, respectivamente, acusaron a Ramírez Saavedra por la comisión del delito de peculado doloso propio, el cual se encuentra contemplado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción.
Igualmente, los fiscales del caso acusaron a Campos Campos, por el delito de cómplice necesario en el delito de peculado doloso propio, establecido en la Ley antes mencionada, concatenado con el artículo 84, numeral 3° del Código Penal, que establece la complicidad; así como con el 16, numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
El Tribunal 8º en funciones de Control del estado Aragua, donde fue interpuesto el escrito acusatorio, mantuvo la medita privativa de libertad contra los dos acusados, quienes permanecen detenidos en la sede de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en el Helicoide, en Caracas.
Según la investigación, entre el 2004 y 2005, durante la gestión de Didalco Bolívar, la Gobernación de ese estado, mediante Decreto de Emergencia, adjudicó directamente a la empresa ARS, propiedad de Saveedra, la adquisición de la totalidad de equipos médicos para suministrarlos a dos centros asistenciales que debían haber estado en funcionamiento en las poblaciones de Tejerías y La Segundera; sin embargo, dichos hospitales nunca fueron abiertos.
Cabe resaltar que dicha adjudicación fue realizada a través de Corposalud, instancia que para ese entonces era presidida por Humberto Trejo, y por el director de la Red Hospitalaria en ese estado, Víctor Pico.
Para aquel entonces, la Gobernación canceló a la empresa ARS, supuestamente propiedad de Rosa Elvira Saavedra, madre del primero de los acusados, la cantidad de 4 millardos de bolívares que, según el avalúo actual, el material asciende a 20 millones de BsF.
Los equipos médicos fueron decomisados en un galpón ubicado en la Intercomunal Maracay-Turmero, donde funciona el establecimiento Hiperbarato, propiedad de Ramírez Saavedra.
Vía Ministerio Público
De acuerdo con la investigación emprendida por el Ministerio Público, los equipos médicos quirúrgicos, pertenecen a la Gobernación del referido estado, y están valorados en 20 millones de BsF, aproximadamente.
En el escrito, la fiscal 25° nacional y el 5° de Aragua, Romina Pulido y Fernando Medina, respectivamente, acusaron a Ramírez Saavedra por la comisión del delito de peculado doloso propio, el cual se encuentra contemplado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción.
Igualmente, los fiscales del caso acusaron a Campos Campos, por el delito de cómplice necesario en el delito de peculado doloso propio, establecido en la Ley antes mencionada, concatenado con el artículo 84, numeral 3° del Código Penal, que establece la complicidad; así como con el 16, numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
El Tribunal 8º en funciones de Control del estado Aragua, donde fue interpuesto el escrito acusatorio, mantuvo la medita privativa de libertad contra los dos acusados, quienes permanecen detenidos en la sede de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en el Helicoide, en Caracas.
Según la investigación, entre el 2004 y 2005, durante la gestión de Didalco Bolívar, la Gobernación de ese estado, mediante Decreto de Emergencia, adjudicó directamente a la empresa ARS, propiedad de Saveedra, la adquisición de la totalidad de equipos médicos para suministrarlos a dos centros asistenciales que debían haber estado en funcionamiento en las poblaciones de Tejerías y La Segundera; sin embargo, dichos hospitales nunca fueron abiertos.
Cabe resaltar que dicha adjudicación fue realizada a través de Corposalud, instancia que para ese entonces era presidida por Humberto Trejo, y por el director de la Red Hospitalaria en ese estado, Víctor Pico.
Para aquel entonces, la Gobernación canceló a la empresa ARS, supuestamente propiedad de Rosa Elvira Saavedra, madre del primero de los acusados, la cantidad de 4 millardos de bolívares que, según el avalúo actual, el material asciende a 20 millones de BsF.
Los equipos médicos fueron decomisados en un galpón ubicado en la Intercomunal Maracay-Turmero, donde funciona el establecimiento Hiperbarato, propiedad de Ramírez Saavedra.
Vía Ministerio Público
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